El presidente Alberto Fernández decidió “consignar” bonos para hacer frente a la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la restitución de fondos demandada por la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes oficiales aclararon a Ámbito que “no se trata de un pago”, sino de la consignación de títulos “que serán depositados, pero que no se podrán disponer”, hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo.
El primer mandatario dio a conocer una serie de tweets referidos al discutido fallo. Señaló que “Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”.
Reiteró que “Las políticas públicas que dispone el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”. A continuación, reitera el argumento en cuanto a que en “El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”.
El primer mandatario sostiene que “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”. En tal sentido, sostuvo que “He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
También que “he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.
No obstante, Alberto Fernández considera que “Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”. Y seguidamente agrega que “Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.
Tras recordar que “ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”, el presidente instruyó a la Jefatura de Ministerio “para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.
Aclara que “dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
Asimismo, cita como antecedente que los bonos consignados ya fueron aceptados por la Corte suprema para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe y reflexiona que “Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.
Por último, Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Economía “para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22”. Y aclara que “Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”.
Especialistas consultados señalaron que consignar bonos es una situación diferente al conflicto planteado con la provincia de Santa Fe, al que hace mención el presidente, porque el fallo de la Corte se refirió a pagar una deuda existente. Consideran que este fallo es diferente por el cual se dispone una medida cautelar por la cual se debe pagar 2,95% de la coparticipación, en efectivo, no en bonos.
